Política de drogas: nada es fácil, nada es obvio


Por Alejandro Hope

27/02/2012



La prohibición de las drogas es un desastre. Gracias al comercio ilegal de narcóticos, han florecido mafias gigantescas con inmensa capacidad de corrupción e intimidación. En países de producción y tránsito como México, el narcotráfico está detrás de extraordinarios niveles de violencia criminal. En los países consumidores, el combate a las drogas representa una carga fiscal enorme: tan sólo en Estados Unidos, 500 mil personas se encuentran en prisión por cargos relacionados con drogas.

A pesar de ello, no se ha podido suprimir el consumo: según estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, entre 155 y 250 millones de personas consumieron drogas ilegales en 2008. De ese total, entre 16 y 38 millones son consumidores problemáticos.

¿Resulta obvio entonces que debemos optar por alguna modalidad de legalización (o regulación, como le dicen ahora)? La respuesta corta es: no, no es obvio. La respuesta larga es la siguiente:

1. Al reflexionar sobre el tema de las drogas ilegales, resulta útil pensar en dos tipos de costos: a) los costos asociados al consumo de drogas (impactos en el sistema de salud, muertes por sobredosis, pérdidas de productividad, etc.) y, b) los costos asociados al control de las drogas (gasto en seguridad, mercados negros, violencia, corrupción, pérdida de libertades, etc.). El costo total es la suma de ambos conceptos.


2. En cualquier régimen legal y regulatorio posible, ambos tipos de costos estarían presentes. Aún en condiciones de legalización amplísima, previsiblemente se mantendrían restricciones al consumo para los menores de edad o el uso en la vía pública o mientras se conduce un vehículo. Esas restricciones leves serían suficientes para imponer algunos costos de control (probablemente menores). Mientras más restricciones (o más impuestos) se pusieran, más costos de control habría.


3. Una discusión seria sobre política de drogas es por tanto un contraste entre diversas  combinaciones de costos de consumo y costos de control, incluyendo en el análisis los beneficios que genere el consumo (euforia, sociabilidad, relajación, etc.) y el control (construcción institucional, investigación científica, etc.). Un proceso racional debería llevarnos a elegir la alternativa que produzca la mejor relación costo-beneficio.

 
4. El problema es que no existe información suficiente para hacer ese cálculo. En particular, faltan dos piezas clave: a) no sabemos cuanto caerían los precios en un régimen regulatorio distinto (mucho o muchísimo no es un escenario improbable), y b) no conocemos el valor de las elasticidades relevantes. En castellano, no sabemos cuánto crecería el consumo de diversas drogas ilegales en respuesta a una caída significativa de precios. Puede ser poco, pero puede ser mucho. Existen diversos ejercicios de estimación de la elasticidad precio de algunas drogas (y de las elasticidades cruzadas con otras sustancias, como el alcohol), pero ninguno es concluyente.


5. Las experiencias de despenalización del consumo de algunas drogas (por ejemplo, Portugal) no resuelven el problema: la producción, la distribución y la comercialización siguen siendo ilegales y por tanto, no hay efecto sobre los precios. La experiencia de comercio controlado de marihuana en Holanda tampoco es suficiente: todo lo que sucede detrás del mostrador de un café en Amsterdam es ilegal. Los precios, por tanto, siguen siendo de mercado negro. La eliminación de la prohibición del alcohol en Estados Unidos ayuda un poco más, pero a) se trata de una sustancia distinta, y, b) la información sobre el volumen consumido y los precios, antes y después de 1933, es parcial e incompleta (por ese motivo, algunos académicos utilizan una serie de muertes por cirrosis hepática para aproximar volúmenes).


6. Aun si contáramos con estimaciones sólidas de las elasticidades, un cálculo de costo-beneficio enfrentaría el problema severo de imputar precios a valores intangibles ¿Cuánto vale el dolor de una madre por la muerte violenta de un hijo? ¿Cuánto vale el duelo de un padre por la muerte por sobredosis de una hija? ¿Son equivalentes? ¿Qué precio se le imputa a la pérdida de libertades que implica el control de las drogas ilegales? Tal vez exista algún procedimiento para resolver esas interrogantes, pero las dificultades metodológicas son gigantescas.


7. En resumen, es posible que un régimen regulatorio alternativo (llámesele legalización o no) podría generar mejores resultados que la prohibición vigente. Es posible, pero no es seguro. Y ese es el corazón del problema político de la legalización: en esencia, sus partidarios le están pidiendo a la población que dé un salto al vacío, en una decisión que difícilmente es reversible. Si mañana se legalizara la cocaína y el crecimiento del consumo fuera considerablemente mayor al anticipado, el costo de dar marcha atrás sería monumental: el número de usuarios dependientes sería significativamente más alto que antes de la legalización y, por tanto, los costos de control en una nueva prohibición serían mucho más elevados que en la posición original. Y además, se habría creado para entonces una industria legal que se activaría políticamente para preservar el nuevo statu quo.

8. Tal vez sea posible convencer a los votantes de dar el salto en el caso de la marihuana. En ese caso, aún un incremento explosivo del consumo generaría costos relativamente menores. Pero en el caso de las drogas caras (cocaína, heroína, metanfetaminas), donde se concentra la mayoría de los costos de control y de consumo, un cambio significativo en el régimen internacional de control es casi impensable en el corto o aún en el mediano plazo: una encuesta reciente en Estados Unidos ubicó debajo de 10 por ciento el respaldo a la legalización de la cocaína, la heroína y las metanfetaminas.  

¿Eso significa que no hay nada que hacer y que tenemos que resignarnos al desastre? De ningún modo: se puede cambiar mucho sin cambiar todo. Entre otras cosas, es posible:

• Eliminar o limitar los esfuerzos de erradicación: la política vigente sólo conduce a la pulverización de los cultivos ilícitos, sin incidir mayormente en el volumen producido y comerciado (los productores se adaptan a la erradicación sembrando más). No le gustaría a los estadounidenses, pero al fin y al cabo, ellos hicieron lo mismo en Afganistán.

• Reducir la interdicción aérea en la frontera sur: la política actual (obligar a los vuelos privados provenientes de Centro y Sudamérica, a descender en Tapachula o Cozumel) genera, además de impactos muy negativos en América Central, un alargamiento de las rutas terrestres, con pocos efectos sobre el volumen trasegado. Si se modifica, se acortaría (en tiempo y espacio) el paso de la cocaína por territorio nacional. 

• Diseñar intervenciones focalizadas en contra de métodos flagrantes de venta de droga al menudeo (venta en vía pública, narcotienditas muy visibles, etc.), siguiendo el modelo de High Point, Carolina del Norte. Con esto se haría menos visible y menos violento el narcomenudeo. 

•  Solicitar a Estados Unidos la ampliación de programas de abstinencia mandatada para poblaciones específicas (procesados, sentenciados en situación de libertad supervisada, etc.) y empezar a experimentar con iniciativas de esa naturaleza en México

• Ampliar el límite legal de la dosis personal de drogas, para reducir el número de usuarios criminalizados. En materia de marihuana, se podría por ejemplo homologar la legislación con la de California: posesión legal de hasta una onza (28.5 gramos), en vez de los cinco gramos que permite hoy la ley en México.

• Aumentar la oferta de terapias de sustitución/mantenimiento (con metadona, buprenorfina o aún heroína médica para algunas poblaciones específicas) para usuarios dependientes a los opiáceos. 

• En el plano diplomático, iniciar acercamientos con otros gobiernos para incluir en las convenciones internacionales sobre drogas un mecanismo financiero compensatorio para los países productores o de tránsito.

Todo esto va a lo siguiente: no pregunten a los candidatos presidenciales si están a favor de una hipotética legalización o regulación de las drogas. La respuesta es obvia y va a ser de machote (“no en lo personal, pero si estoy abierto a un debate” o “sí, pero siempre y cuando sea global”). Pregúntenles más bien sobre la política de erradicación o el tamaño de la dosis personal o las terapias de mantenimiento con heroína médica. Allí si los van a poner en problemas, allí sí los van a obligar a pronunciarse sobre medidas que pueden generar cambios ya, y que pueden salvar vidas hoy.

@ahope71 es analista de seguridad en IMCO y México Evalúa.

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