Leyenda

• Nos comprometemos a defender, fortalecer y reno­var las instituciones creadas por el Estado mexicano como el IMSS, el ISSSTE y el INFONAVIT.
• Integraremos de forma emergente un vigoroso programa de empleo orientado particularmente a jóvenes desempleados y sin opciones educativas inmediatas.
• Apoyaremos las iniciativas comunitarias y sociales que están conformando ya un cuarto sector de la economía formal, apoyado en herramientas inno­vadoras y formas de producción sustentable y co­mercio solidario y responsable.
• Analizaremos presentar una iniciativa legislativa para que se elimine el cobro de impuestos al ingre­so de los trabajadores por concepto de horas extras y prestaciones sociales.
• Recuperar el poder adquisitivo de los salarios, me­diante una política que haga que los salarios crez­can por encima de la inflación.
• Vincular, de manera efectiva, la educación y la ca­pacitación para el trabajo y crear un programa de becas para el trabajo orien­tado a las personas desempleadas, en especial para las mujeres, los indígenas y los jóvenes.
• Crearemos una política de seguridad social con visión de Estado, sustentada en la corresponsabi­lidad de los sectores público, privado y social, así como de los tres órdenes de gobierno.
• Construiremos un modelo financiero, una polí­tica fiscal y laboral, así como una red nacional de seguridad social que garantice mínimos de bien­estar y mecanismos de protección ante contingen­cias económicas y sociales.

• Hacer de la competencia económica una política de Estado, para que los mexicanos tengamos acceso a más productos, más baratos y de mejor calidad.
• Combatiremos las prácticas monopólicas y fomentaremos la competencia de manera permanente y generalizada.
• Otorgar mayor autonomía y mayores facultades a los órganos reguladores. La Comisión Federal de Competencia (COFECO) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en particular requieren de mayor autonomía y mayores facultades para poder ejercer de manera eficaz su mandato.
• Garantizar la transparencia, la no discriminación y la aplicación efectiva de la regulación. Impulsaré las reformas necesarias para fortalecer el sistema legal con el objetivo de permitir la regulación efectiva por parte de la COFECO y de la COFETEL.
• Por su importancia, destaca la necesidad de fortalecer y darle autonomía a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Federal para la Protección contra de Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otras.
• Creación de tribunales especializados en competencia económica. Aceleraré el establecimiento de tribunales especializados en materia de competencia, contemplados en las recientes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica aprobadas por el Congreso en 2011.
• Reformaremos el marco jurídico aplicable al sistema de mejora regulatoria para modificar el mandato, el alcance y los instrumentos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y de las comisiones estatales respectivas, a fin de lograr una auténtica desregulación de normas y trámites al interior de la administración pública sobre la base de la autonomía de estos órganos de Estado.
• Impulsar la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales y la producción nacional, la formación de clusters, el apoyo de la banca de desarrollo, energía a precios competitivos, con apoyo de investigación y capacitación, regulación antimonopolios efectiva y una política arancelaria consecuente con los intereses nacionales.
• Es necesario contar con órganos de regulación económica autónomos, que promuevan condiciones de competencia en los mercados internos, garanticen seguridad jurídica de las inversiones y aseguren condiciones predecibles en las reglas de juego, así como la eliminación de las prácticas monopólicas y oligopólicas que restringen la inversión, elevan los precios y limitan la oferta de productos.
• Elevar la competitividad de la economía en su conjunto requiere de organismos reguladores fuertes y autónomos. La competencia y la innovación hace posible que la población alcance y mantenga mejores niveles de consumo. Un elemento fundamental para el funcionamiento de mercados competitivos será el combate a las prácticas monopólicas.
• Fomentar la creación de empresas, una mayor productividad de éstas y una mayor competencia entre ellas buscando mayores niveles de producción y que los salarios reflejen plenamente las ganancias de productividad.
• Mejor regulación que promueva al mercado laboral en todas sus dimensiones, para definir esquemas de contratación laboral con aseguramiento de la seguridad social y, sobre todo, apoyarse en la supervisión gubernamental de las empresas que utilicen a otras empresas que sean subcontratadas.
• Impulsaremos una política pública de mejora regulatoria que facilite la apertura de empresas e incentive la atracción de inversión.
• Concretaremos condiciones de competencia real en todos los mercados para estimular la productividad, incentivar la innovación y atraer inversiones nacionales y extranjeras.
• Beneficiaremos el poder de compra de los consumidores con bienes y servicios de alta calidad, a precios competitivos.

Para construir una reforma hacendaria, integral y ade­cuada a los retos del presente, proponemos:

• Determinar, con el concurso de los diversos ac­tores sociales y económicos, las necesidades in­dispensables y las prioridades del gasto público, necesarias para una expansión económica con­sistente con el propósito de crear condiciones aceptables de bienestar para todos los mexica­nos. Los principios de la reforma hacendaria integral deben ser, entre otros: revisar a detalle las faculta­des de cada ámbito de gobierno y su eficiencia; el sistema recaudatorio debe ser simple, asegurar la certeza jurídica tanto al gobierno como a los con­tribuyentes y minimizar los costos de atención de las obligaciones fiscales; la administración tributa­ria debe asegurar que todos contribuyan de forma justa y equitativa; debe establecerse la rendición de cuentas, con un sistema justo y efectivo que castigue tanto la corrupción como la ineficacia y que informe de manera clara y completa todos los elementos de los ingresos y gastos del sector público; evaluar el desempeño, la situación finan­ciera y el rol que deben desempeñar las empresas públicas y la banca de desarrollo en la nueva política económica.
• Revisar, con apoyo de los gobiernos locales, las necesidades de gasto público para soportar un crecimiento acelerado y con equidad, así como las responsabilidades por asignar a cada ámbito de gobierno.
• Definir y acordar, con los actores económicos y sociales, las reglas que guíen la política de gasto público en los tres ámbitos de gobierno. Por lo que se propone:
1. La planeación democrática, para que las entida­des y las principales fuerzas sociales de la nación participen en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, con objeto de incluir en los progra­mas de gobierno las prioridades de la gente.
2. La revisión a fondo del gasto corriente del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de reducirlo para au­mentar el ahorro y financiar parte de la inversión, y promover esta práctica en los otros poderes fe­derales y ámbitos de gobierno.
3. La obligación de absoluta transparencia del gasto de los tres niveles de gobierno, con rendición de cuentas y los instrumentos idóneos para ello.
4. El aseguramiento de que los órganos autónomos de fiscalización y evaluación en los tres ámbitos de gobierno, cuenten con independencia técnica, presupuestal y de gestión.
5. Acordar con los sectores económicos y sociales los criterios para distribuir la carga fiscal.
6. Una adecuada mezcla entre impuestos a la renta y riqueza de las personas y los indirectos al con­sumo así como eliminar los privilegios.
7. Tender a un solo impuesto sobre la renta de las personales morales. Competitivo, simple, general, sin privilegios. Fusionar el ISR y el IETU.
8. Desarrollar plenamente el potencial del impuesto predial municipal.
9. Disminuir la dependencia de las haciendas públi­cas de los ingresos petroleros. Éstos deben servir, principalmente, para la inversión en la moderni­zación y seguridad energética de México.

REFORMA HACENDARIA

Necesitamos emprender una reforma con urgencia, para hacer eficiente la asignación, el ejercicio y la evaluación del gasto público, aumentar la recaudación a fin de dis­minuir la dependencia de las finanzas públicas respecto de la actividad petrolera y de los precios y tarifas de bie­nes y servicios públicos. Así, se trata de emprender una reforma integral que:

• Asegure una estructura y ejercicio del gasto pú­blico productivo, austero y descentralizado, con criterios de equidad y de eficiencia, y con una rendición de cuentas accesible a toda la sociedad.
• Revise y actualice los indicadores de desempeño con el objeto de que las asignaciones de gasto se ba­sen en una adecuada evaluación de sus resultados.
• Aumente los ingresos del estado, distribuyendo mejor la carga impositiva, ampliando la base tribu­taria y eliminando los tratamientos preferenciales.
• Revise la progresividad fiscal y otorgue estímulos a la inversión.
• Elimine el IETU, incorporando sus elementos fundamentales al ISR de las empresas y al patri­monio de las personas.
• Reduzca la carga fiscal y tributaria impuesta a Pemex en perjuicio de su fortaleza empresarial y desarrollo.
• Simplifique el sistema tributario para propiciar el aumento del número de contribuyentes y la competitividad en general para invertir y generar empleos.
• Impulse el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales y estatales, estableciendo un auténtico federalismo fiscal con la revisión de las potestades tributarias y de la Ley de Coordinación fiscal.
• Combata la evasión y elusión fiscales, incluyendo medidas para disminuir la economía informal y el contrabando, castigando en especial la corrupción aduanera.

El Estado construirá infraestructura de telecomunicaciones para el despliegue de programas de educación media y superior, salud, así como para la venta de sus productos. Por su importancia, destaca la necesidad de forta­lecer y darle autonomía a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Impulsar la competencia en telecomunicaciones, internet y telefonía, a fin de mejorar el servicio y reducir las tarifas.

Incrementaremos la inversión en infraestructura de telecomunicaciones y transportes.

Es necesario disminuir la brecha tecnológica, por lo que proponemos la universalización del acceso a internet y el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), garantizando la protección y seguridad de los cibernautas.

Universalización del acceso a internet

• Realizaremos mayor inversión en infraestructura de banda ancha, fomentando la competitividad productiva de empresas del ramo.
• Impulsaremos la innovación y producción de equipos tecnológicos por parte de empresas mexicanas que vendan sus productos a precios accesibles.
• Reduciremos los costos de acceso a la banda an­cha o de alta velocidad a niveles internacionales.
• Ampliaremos la infraestructura para detonar la conectividad, castigando prácticas monopólicas. • Liberaremos porciones del espectro radioeléctrico para su uso público universal.
• Ampliaremos fondos en el presupuesto anual del gobierno federal para la cobertura social y rural en estos servicios.
• Generaremos un esquema con base en metas para la reducción y eliminación de la brecha entre la población urbana y rural con acceso a internet.
• Incentivaremos el consumo tecnológico a través de programas públicos de acceso a la primera computadora en los hogares.
• Apoyaremos programas de microempresa para los servicios de internet en medio rural y urbano.
• Fomentaremos el desarrollo de aplicaciones para servicios públicos con base en software libre y otras opciones innovadoras.

Agenda digital por un México conectado

Los objetivos de esta agenda son: 1) cerrar la brecha de mercado para desarrollar un sector de telecomunicaciones competitivo y dinámico, y 2) cerrar la brecha del acceso y la apropiación de las TIC para su aprovechamiento por toda la población. Los cinco rubros fundamentales de esta agenda son:

1. Fomentar la competencia para desarrollar un sector de telecomunicaciones competitivo y dinámico.
• Otorgar mayor autonomía y mayores facultades a los órganos reguladores. La Comisión Federal de Competencia (COFECO) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en particular requieren de mayor autonomía y mayores facultades para poder ejercer de manera eficaz su mandato.
• Garantizar la transparencia, la no discriminación y la aplicación efectiva de la regulación. Impulsaré las reformas necesarias para fortalecer el sistema legal con el objetivo de permitir la regulación efectiva por parte de la COFECO y de la COFETEL.
• Creación de tribunales especializados en competencia económica. Aceleraré el establecimiento de tribunales especializados en materia de competencia, contemplados en las recientes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica aprobadas por el Congreso en 2011.
• Trabajar con la industria para incrementar la inversión en infraestructura nueva y mejorar el uso de infraestructura pública existente. Es urgente atender los rezagos y promover decididamente el desarrollo competitivo del sector de las telecomunicaciones en el país, impulsado por un esquema de asociación público-privada para el despliegue de infraestructura.
2.
2. Dar un salto cualitativo en el acceso a la infraestructura de Internet de banda ancha para ampliar significativamente la conectividad.
• Plan Nacional de Banda Ancha, con la meta de lograr el acceso universal a internet. La conectividad a Internet debe tener el mismo nivel estratégico para el desarrollo nacional que la red de carreteras o de puertos.
• Puntos de acceso público. Ofreceremos puntos de acceso a Internet inalámbrico en toda la República, utilizando edificios públicos como puntos de emisión.
• Conectar todas las escuelas públicas. Las escuelas públicas son una red idónea para ampliar la cobertura de manera equitativa y democratizar el acceso a la información y el conocimiento.
3.
3. Emprender una cruzada por la alfabetización digital de amplios sectores de mexicanos que hoy día siguen excluidos de los beneficios del cómputo y el Internet de banda ancha, priorizando el sector educativo.
• Centros abiertos a la comunidad para desarrollar las competencias digitales de la ciudadanía, sin importar su edad, escolaridad o profesión. Crearemos una red nacional.
• Laptops con acceso a Internet para todos los alumnos de escuelas públicas que cursen 5º y 6º de primaria.
• Universidad Nacional Digital. Esta iniciativa dará un impulso renovado a los programas de educación superior a distancia existentes y contribuirá a ampliar, con al menos 1.5 millones de lugares adicionales, la cobertura en este nivel educativo.
4.
4. Cerrar la brecha digital en la economía e impulsar al emprendimiento para el desarrollo de la economía digital.
• Conectar a las MiPyMEs a Internet y digitalizar sus procesos para aumentar su productividad e incrementar sus ventas.
5.
5. Ofrecer servicios gubernamentales de mayor calidad mediante un uso efectivo de las TIC.
• Impulsar el uso de las TIC de manera transversal en la administración pública para tener un gobierno más eficaz.

El bienestar de un país está correlacionado con el grado de desarrollo de su infraestructura y, en general, con la creación de capital físico. Las bases para crecer como economía, pasan por generar una red de infraestructura funcional en todos los sectores, lo que se traducirá en bienestar social, una población más productiva debido al acceso a servicios de calidad y también en mayor inversión.

• Impulsaremos el Fondo Nacional de Infraestructura poniendo énfasis en la transparencia y la efi­cacia en el uso de los recursos públicos.
• Es necesario redefinir el modelo de la banca de desarrollo para lograr que financie los grandes pro­yectos de inversión en áreas prioritarias para el país, tales como la innovación industrial, la generación de energías alternativas, y el desarrollo agropecuario, incluyendo operaciones de primer piso.
• Se requiere fortalecer a la banca de desarrollo para incrementar el potencial crediticio del país en tiempos de desaceleración económica. En particular, para activar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
• Promoveremos nuevos esquemas de financia­miento y presupuestación multianual que incen­tiven las obras a largo plazo y de alto impacto social en los municipios.
• Daremos cumplimiento a la misión de Bano­bras de dotar a los gobiernos locales de asisten­cia técnica, el asesoramiento en la medición del impacto social y económico de los proyectos de infraestructura, obra y un financiamiento amplio y accesible para su ejecución, operación y mantenimiento.
• Es indispensable construir nuevas presas, recons­truir buena parte de la infraestructura hidráulica y mejorar la infraestructura para racionalizar el consumo del agua en las ciudades y el campo.
• Incrementaremos la inversión en infraestructura de telecomunicaciones y transportes.
• Crearemos y mejoraremos la capacidad instalada de nuestros centros turísticos.
• Recuperaremos la capacidad de construcción de infraestructura básica y de servicios sociales y ar­ticular redes de transporte multimodal para mejo­rar el desempeño logístico del comercio regional, nacional e internacional, mediante:
• Carreteras y autopistas de altas especificaciones
• Transporte de pasajeros urbano y suburbano sus­tentable
• Transporte comercial y de bienes moderno y eficiente
• Aeropuertos mejores y más seguros
• Puertos eficientes que alberguen el desarrollo in­dustrial y agroindustrial
• Centros logísticos y puertos secos
• Energía limpia, suficiente y competitiva
• Escuelas de calidad mundial
• Hospitales y clínicas abastecidas, atendidas y con oferta de personal médico y camas suficientes
• Agua limpia y que cubra de manera sustentable la demanda familiar, institucional y productiva
• Regularemos el rendimiento de vehículos ligeros, transporte automotor ligero a diesel, eliminación de vehículos chatarra.
• Impulsaremos la norma de eficiencia energética y compuestos de efecto invernadero para vehículos ligeros.
• Aceleraremos la construcción de infraestructura para enfrentar inundaciones y otros desastres en las zonas del territorio nacional más vulnerables a este fenómeno e incluiremos estas obras en el Programa Nacional de Infraestructura.
• Reforzaremos la infraestructura ferroviaria que apoye la reducción de combustibles fósiles y sea utilizado como transporte multimodal.
• Contaremos con transporte público urbano mo­derno y eficiente en las zonas metropolitanas.
• Crear un programa nacional de infraestructu­ra para el crecimiento y la competitividad que ahorre costos, para superar los rezagos actuales y crear la infraestructura requerida para soportar ritmos de crecimientos acelerados. Este programa deberá integrarse a partir de un diagnóstico de la infraestructura nacional, con visión federalista, que identifique cómo mejorar substancialmente las condiciones de la infraestructura, de comu­nicaciones y transportes, tanto nacional como urbana y suburbana, articular redes de transporte multimodal para mejorar el desempeño logístico del comercio regional e internacional.
• Transporte urbano público moderno.
• Financiamiento a sistemas de transporte público mediante un fondo preferente instituible median­te gravámenes ecológicos.
• La federación debe asumir la responsabilidad de apoyar a las entidades, municipios y comunidades para ampliar y mejorar in­fraestructura y servicios públicos, impulsar el transporte digno de pasajeros, mejores vialidades y manejo de resi­duos, rescate de espacios para la recreación, integración y convivencia comunitaria, así como mecanismos preven­tivos de protección civil; todo lo anterior con atención especial en las zonas metropolitanas.
• Promover la eficiencia portuaria y aeroportuaria, simplificar los trámites.
• Crear corredores de infraestructura multimodales de norte a sur y del Atlántico al Pacífico.
• Crear un transporte eléctrico para Guadalajara.
• Crear un ferrocarril que una Aguascalientes con Guadalajara

Es necesario impulsar al máximo la producción agropecuaria nacional y proponernos el objetivo de la seguridad alimentaria. Es indispensable hacerlo para que los productores rurales vivan mejor, pero también para asegurar a los mexicanos alimentos de calidad y con precios accesibles. Para lograrlo proponemos:

• Incorporar una visión de largo plazo a las actividades estratégicas para el fomento productivo y diferenciar los instrumentos orientados a combatir la pobreza rural de aquellos necesarios para aumentar la producción y productividad.
• Contar con un esquema de red de seguridad al ingreso de los productores con un marco legal que brinde certidumbre al sector y permita ordenar los mercados. También se necesita una política de almacenamiento, que asegure el abasto de alimentos y precios remunerativos al campesino.
• Una política para elevar la productividad de las actividades agroalimentarias; un marco jurídico agrario que favorezca la compactación de superficies; un modelo que promueva la integración de los productores y la generación de economías de escala.
• Aumentar la inversión en conservación y mantenimiento de presas y distritos de riego; ahorrar el agua que se pierde en filtración y evaporación e incorporar con ello nuevas áreas al cultivo. Aumentaremos el gasto en investigación y desarrollo agropecuario y agroalimentario; promoveremos el financiamiento, la asistencia técnica, la investigación, el desarrollo tecnológico y la capacitación. Habrá que revisar Procampo y adecuarlo a las circunstancias actuales del país con un enfoque diferenciado, ecológico y productivo. Es indispensable una reforma de fondo de la Comisión Nacional del Agua, cuya intervención es obsoleta, centralista e ineficiente, para desarrollar un marco institucional que permita una política integral del uso del agua en el sector. Asimismo, proponemos precios justos en adquisiciones y ventas a los agricultores.
• Se trata de llevar al campo una política de desarrollo territorial y de eliminación de la pobreza rural, con programas de desarrollo comunitario vinculados al cuidado del medio ambiente, agroturismo, silvicultura y artesanía, que incorpore, entre otras acciones: la eliminación de la desigualdad social y la heterogeneidad productiva del medio rural; microfinanciamiento en proyectos productivos en zonas marginadas; apoyo a iniciativas comunitarias productivas, medioambientales y artesanales, especialmente de mujeres, jóvenes e indígenas. El Estado construirá infraestructura de telecomunicaciones para el despliegue de programas de educación media y superior, salud, así como para la venta de sus productos. Se desarrollarán servicios financieros acordes con las comunidades como banca móvil, microcréditos, microseguros, entre otros.
• La pobreza del campo responde a problemas concretos de productividad. Por lo tanto, nos proponemos, en primer lugar, abordar este problema estructural con un esfuerzo sin precedente de educación y capacitación para la mano de obra adulta del campo; en segundo lugar, favorecer la movilidad de la mano de obra del campo en forma deliberada; en tercer lugar, apoyar los esfuerzos de los productores en la tecnificación y compactación de las unidades de producción.
• Ejerceremos íntegra y oportunamente los presupuestos del sector y los orientaremos efectivamente para elevar la productividad y la calidad de vida en el campo.
• Reforzaremos los programas de apoyo al campo diferenciando claramente a aquellos destinados a combatir la pobreza rural.
• Generaremos mayor infraestructura y equipamiento para producción, almacenamiento y transformación de la producción primaria.
• Impulsaremos la modernización del sector rural apoyando la difusión de nuevas técnicas y procesos productivos, la formación de capacidades para la producción y la innovación productiva.
• Ampliaremos los apoyos para lograr los cambios de cultivos de baja a alta rentabilidad económica, asistencia técnica a pequeños y medianos productores, incorporación de tecnologías modernas y adecuadas de siembra, programas de fertilización, la organización de los productores para tecnificar la agricultura y comercializar sus productos, así como la incorporación de mejoramientos genéticos.
• Ampliaremos y rehabilitaremos la infraestructura de riego para mejorar la productividad de los pequeños productores.
• Rehabilitaremos los distritos de riego para disminuir drásticamente la pérdida actual de agua generada por falta de tecnología de costo accesible y alta rentabilidad.
• Apoyaremos el suministro de combustibles y energía eléctrica aplicada a la producción a tarifas adecuadas.
• Generaremos proyectos productivos integrales de impacto alimentario y generación de empleos e ingresos en zonas de alta marginación.
• Impulsaremos una política de apoyo a la actividad ganadera promoviendo la asociación de los pequeños productores para lograr economías de escala adecuadas con criterios de rentabilidad que permitan salir de la pobreza, al tiempo que se hace un aprovechamiento sustentable de las superficies de carga de los agostaderos y las praderas, así como las alternativas de producción estabulada y semiestabulada.
• En pesca, promoveremos el crecimiento del mercado nacional, que se dé valor agregado al sector y se modernice la flota pesquera.
• Promoveremos las distintas alternativas económicas del sector rural con esquemas eficientes de apoyo financiero, micro financiamiento, capital de riesgo, garantías y seguros, mejorando los mecanismos de acceso al crédito agropecuario.
• Analizaremos la creación de un Banco Nacional de Crédito y Servicios Múltiples para el Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero, que incluya los servicios de crédito, seguro y ahorro, corrija las fallas de la actual banca de desarrollo y preste servicio a los más de dos millones de pequeños productores.
• Crearemos un sistema de Investigación y Transferencia de Tecnologías enfocado al campo.
• Revisaremos la política presupuestaria aplicable al campo, en especial el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
• Fomentaremos una real igualdad en derechos y oportunidades educativas, financieras y de tenencia de la tierra para los jóvenes y las mujeres, que les faciliten su participación en los aspectos económicos y sociales de sus comunidades, ejidos o municipios.
• Promoveremos que las instituciones al servicio del campo, tanto técnicas como financieras, consideren una vertiente de apoyo especial a los indígenas, con base en el irrestricto respeto a sus costumbres y tradiciones.
• Impulsar decididamente el desarrollo rural para construir un campo justo, productivo, rentable y sustentable.
• Incrementar la producción agropecuaria nacional, para lograr la seguridad alimentaria del país y reducir el precio de los alimentos.
• Plan rural y agroalimentario de largo plazo, que incluya las opiniones de organizaciones campesinas, productores, industriales y comercializadores, así como de los centros de investigación.
• Renovar el sistema financiero rural, de capacitación y asesoría técnica para la modernización del campo.
• Impulsar el microfinanciamiento y el uso de corresponsales bancarios para incrementar la penetración de servicios financieros en las comunidades rurales.
• Focalizar los subsidios al campo para que realmente lleguen a los pequeños productores.
• Seguro contra desastres naturales para proteger al sector agropecuario frente a los efectos del cambio climático.
• Mayores recursos para la modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola.
• Apoyar la adquisición de sistemas inteligentes de riego.
• Innovación científica y tecnológica para incrementar la productividad y sustentabilidad del campo.
• Apoyos para la adquisición de tractores e insumos agrícolas.
• Promover la competencia y la articulación de cada eslabón de las cadenas productivas de valor en el sector agroalimentario.
• Sistema de información sobre preferencias y precios del mercado accesible a todos los productores para incentivar la reconversión productiva de cultivos de poco valor comercial hacia otros de mayor rentabilidad.
• Crear un Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste.
• Promover la generación de empleos e ingresos locales a través actividades alternas al sector agropecuario como el ecoturismo, la producción y el comercio de artesanías y la gestión forestal sustentable.

• Fortalecer la cooperación en los temas vinculados con el TLCAN, particularmente los problemas agudos del campo, el medio ambiente.
• Con Canadá se debe promover con mayor intensidad el intercambio comercial, la inversión y el turismo, y se deben promover superiores formas de cooperación, así como continuar los esfuerzos de integración trilateral ya acordados.
• Fortaleceremos las relaciones comerciales con América Central y Caribe.
• Estimular la actuación de los mecanismos de concertación política y apoyo económico que inciden en la región, tales como la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Grupo de Río, la Cumbre Iberoamericana y la Unión Europea.
• Reforzar la centralidad de la cooperación Sur-Sur, en la cual están focalizados la mayoría de los países de la región [América del Sur]. Con mayor iniciativa, se pueden aprovechar nichos para ampliar nuestra presencia y comercio.
• Construir una nueva relación con Brasil para fortalecer las relaciones políticas, comerciales y de inversión con ese país y convertirlas en puente hacia la Comunidad Sudamericana de Naciones, el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones y los BRICs.
• Se debe hacer un uso pleno de los vínculos existentes en materia de comercio exterior y profundizar la relación política. El gobierno mexicano debe hacer un mayor y mejor uso del Tratado de Libre Comercio. Debe propiciar la creación de mejores esquemas de apoyo a las empresas y Pymes para un superior aprovechamiento de las relaciones comerciales con la región.
• Con Japón se debe incrementar el comercio bilateral y la inversión, especialmente en infraestructura, industria automotriz y tecnologías limpias. Es imperativo aprovechar las ventajas comparativas del Tratado de Libre Comercio.
• La República de Corea del Sur puede ser importante inversionista en nuestro país – especialmente en tecnología–, así como un valioso aliado en asuntos multilaterales, donde algunas posiciones de ambos países son cercanas.
• Se deben crear vínculos más fuertes con India e Indonesia, potencias regionales con peso económico significativo. Con la India, debe darse continuidad a la “asociación privilegiada” otorgada a México en 2007.
• En lo económico, se debe lograr un mayor acceso de productos mexicanos al mercado chino, así como buscar mayores inversiones de nuestro país.
• Atraeremos la inversión extranjera directa y promoveremos el comercio exterior que beneficie a México, salvaguardando ante todo los intereses de productores y empresarios.

• Promover la regulación internacional de los flujos mundiales de capital mediante el establecimiento de un gravamen sobre las transacciones financieras (impuesto Tobin) y el establecimiento de reglas internacionales de comercio que compensen las disparidades entre naciones.
• Revisar y, en su caso, renegociar los tratados de libre comercio vigentes, bajo los siguientes principios: equidad de condiciones en las relaciones económicas; creación de fondos compensatorios de desarrollo regional; libre circulación de la fuerza laboral; igualdad de derechos laborales, sociales y políticos para los migrantes; protección del empleo; respeto a las diferencias culturales; y corresponsabilidad ambiental.
• Diseñar una política económica exterior que coadyuve a la estrategia de desarrollo sustentable y socialmente incluyente y equitativo.
• Aumentar la capacidad exportadora del país no solamente con acuerdos de libre comercio, sino mediante el fomento de la competitividad, de la productividad y la promoción de los productos mexicanos en el exterior.
• Utilizar los mecanismos que ofrecen los acuerdos internacionales para la protección de los sectores productivos que la requieran para su consolidación.
• Poner fin a la proliferación desordenada de tratados comerciales con los Estados latinoamericanos, para emprender un gran esfuerzo de complementación, homologación y en su caso la fusión de entidades existentes como la asociación latinoamericana de libre comercio (ALALC), la asociación latinoamericana de integración (ALADI), la comunidad del caribe y el mercado común (CARICOM), el mercado común centroamericano (SICA), la comunidad andina (CAN) y el mercado común del sur (MERCOSUR).
• Revisar y renegociar el TLCAN en todos los aspectos que sean convenientes a los intereses de México, e instrumentar programas que atiendan los problemas del campo e impulsen el desarrollo regional, entre otros aspectos necesarios para contrarrestar los impactos negativos a la economía nacional.
• Extender las actividades del Banco de Desarrollo de América del Norte para que provea los fondos compensatorios necesarios para las regiones del país afectadas por el tratado.
• Se requiere también un replanteamiento de fondo del sistema multilateral de comercio y una renovación institucional de la Organización Mundial del Comercio, como organismo global, y de los numerosos acuerdos regionales, subregionales e interregionales de libre comercio.

• Se sembrará un millón de hectáreas de árboles maderables en el sur-sureste del país, caobas y cedros entre otros, con propósitos económicos, ecológicos y para crear alrededor de 400 mil empleos anuales.
• Adoptar una política de ingreso y gasto público que promueva el crecimiento económico, la generación de empleos, el mejoramiento del salario real y realice obras de infraestructura productiva y social.
• Restablecer y fortalecer la función de la banca de desarrollo para garantizar créditos suficientes y accesibles a los productores de la industria, del campo y los servicios, con particular atención a las PYMES que son las que generan más del 70% del empleo en nuestro país.
• Pondremos en práctica un programa integral en las ciudades fronterizas que fomente la industria maquiladora, y aproveche la cercanía con el mercado más grande del mundo.
• Instrumentar programas regionales y locales destinados a la creación de fuentes estables de empleo con la participación de los representantes de los sectores público, privado y social.
• Incentivar la creación de empleos para mujeres, a fin de abatir las desigualdades que enfrentan en el acceso a las oportunidades laborales.
• Elevar la calidad de los programas e instituciones destinados a la formación y capacitación de la mano de obra, incorporando en los planes y programas de estudio.

• No se permitirán prácticas monopólicas y será prioridad garantizar la libre competencia.
• Incrementar la competencia en sectores de alta concentración.
• Liberar el comercio exterior en sectores de alta concentración.
• Promover plena autonomía legal, fiscal, administrativa y política de órganos reguladores.
• Fortalecer a la banca regional para aumentar la competencia en el sector financiero.
• Promover transparencia y coordinación entre diferentes reguladores.
• Promover creación de juzgados especializados para litigios en la materia.
• Incluir en normas de fomento a la competencia al sector público de energía.
• Revisar títulos de concesión del espectro radioeléctrico para adaptarlos, en la medida de las atribuciones legales, a condiciones de competencia.
• Elaborar políticas activas de promoción de competencia y de defensa del consumidor y de regulaciones e incentivos adecuados para promover un medio ambiente sostenible.
• Abrir la competencia en la telefonía, Internet, la televisión, el cemento, los bancos, la tortilla, el pan, los refrescos y otros artículos, permitiría ahorros a los consumidores hasta por 15% de sus ingresos.
• impulsar una redefinición del modelo económico que promueva las capacidades individuales y sociales, que no disminuya la iniciativa privada sino que la haga posible al conjunto de la sociedad, que termine con los monopolios que además de sojuzgar al ciudadano, no permiten la libre competencia y el crecimiento económico.
• Elaborar políticas activas de promoción de competencia y de defensa del consumidor y de regulaciones e incentivos adecuados para promover un medio ambiente sostenible.

Reforma de los Medios de Comunicación

• Se democratizarán los medios de comunicación. Habrá competencia y se hará efectivo el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión y la radio se concentren en unas cuantas manos y que, en vez de informar con amplitud, veracidad y profesionalismo, se utilicen como instrumentos para manipular y controlar al pueblo, proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público. Queremos que no sólo haya dos televisoras que acaparen toda la audiencia sino 10, 20, las que sean técnicamente posibles. No debe haber, bajo ninguna consideración, monopolios. Asimismo, se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural. Vamos a garantizar el acceso universal al Internet como parte del derecho constitucional a la información.
• No será letra muerta el artículo 28 constitucional que prohíbe la existencia de monopolios. Por prácticas monopólicas los mexicanos pagamos más por bienes y servicios que en otros países del mundo. Abrir la competencia en la telefonía, Internet, la televisión, el cemento, los bancos, la tortilla, el pan, los refrescos y otros artículos, permitiría ahorros a los consumidores hasta por 15% de sus ingresos.
• Reformar la Constitución y la Ley Federal de Radio y Televisión para democratizar el ámbito de los medios y establecer un marco jurídico que defina las funciones y los objetivos, impida las presiones gubernamentales, democratice, transparente y termine con la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones, y limite los excesos que con el enorme poder de la comunicación masiva en ocasiones se cometen, garantizando, entre otras cosas, el derecho de réplica. Y que se garantice la creación y desarrollo de los medios de comunicación masivos comunitarios.
• Terminar con la indefensión jurídica y presupuestal que existe para las estaciones dependientes del gobierno federal, de las universidades o de los gobiernos estatales; y garantizar el acceso y funcionamiento plural y democrático de estos medios.
• Crear un consejo autónomo y ciudadano que dictamine sobre las concesiones y expida recomendaciones a los medios de comunicación para que se cumplan las funciones de servicio público, defiendan la independencia editorial y coadyuven al respeto de los derechos de la audiencia.
• Fomentar la calidad televisiva garantizando diversidad, pluralidad y apertura, así como establecer medidas que garanticen plenamente el derecho a la información.
• Crear un fondo para el desarrollo de los medios públicos en apoyo a proyectos de radio, cine y televisión nacional, que fomente la creación de televisión y radios públicas e indígenas.
• Garantizar el respeto al pluralismo político, social, cultural y lingüístico y la promoción de una cultura pública que rechace toda forma de discriminación y fomente la tolerancia y la equidad social.
• Establecer una nueva regulación de los tiempos oficiales en radio y TV.
• Propiciar la participación de los medios de comunicación en cuanto a la promoción de valores en materia de equidad con perspectiva de género, ambientales, culturales y de protección civil, entre otros, con el objeto de que sean éstos una herramienta benéfica a la sociedad y al ciudadano.
• Revisar a fondo la reglamentación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
• Garantizar la conectividad a la banda ancha y el suministro de equipos que permitan el acceso a la red y un programa nacional intenso de alfabetización digital.

Instrumentar en los nuevos esquemas de gasto público la planeación regional y el uso racional y sustentable de nuestros recursos. En especial hay que fortalecer a los municipios para que puedan construir la infraestructura que les permita prestar los servicios públicos de agua potable, recolección de desechos sólidos, alumbrado e infraestructura comunitaria, y junto con la modernización del impuesto predial puedan aumentar sus ingresos por la prestación de estos servicios.

Realizar de manera gradual, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, las obras de infraestructura necesarias para la prevención de desastres como es el caso de presas, diques, muros de contención, redes de monitoreo de volcanes y zonas sísmicas, carreteras y caminos, entre otras.

Reestructurar el Fondo de Desastres Naturales a través del establecimiento de una instancia colegiada, en la cual queden representados los tres niveles de gobierno y los sectores privado y social, con el fin de que los fondos públicos y privados que se destinen a la prevención, al apoyo de la población damnificada, y a la reconstrucción de zonas afectadas se manejen de manera transparente, oportuna y racional. Otorgar asimismo a la partida presupuestal correspondiente, las condiciones legislativas y administrativas necesarias para favorecer el incremento de sus recursos, a partir de una participación proporcional de los tres órdenes de gobierno.

Reimpulsar la infraestructura de marina mercante y de puertos para apoyar la pequeña y mediana industria pesquera y crear fuentes de trabajo.

Se fomentará la industria de la construcción, aplicando un amplio programa para dotar al país de la infraestructura, las obras y servicios que son indispensables y lograr, al mismo tiempo, la reactivación rápida de la economía y la generación de empleos.

Se propone transformar radicalmente el patrón energético del transporte a partir de otorgar, en las políticas públicas, prioridad al transporte colectivo sobre el individual y a los sistemas eléctricos sobre los insumidotes de hidrocarburos.

Establecer metas anuales de incorporación de transportes eléctricos en los sistemas urbanos, de cercanías y lejanías. Estímulos positivos a la incorporación de automotores alimentados con fuentes alternas y estímulos negativos a la incorporación de vehículos altamente insumidotes de hidrocarburos.

Reglamentar claramente la emisión de sustancias contaminantes industriales, domésticos y de medios de transporte, así como introducir alternativas limpias.

Crear un Aeropuerto en Tizayuca, Hgo., con capacidad para transportar a 40 millones de pasajeros anualmente y recibir alrededor de 600 mil toneladas de carga. Dicha terminal aérea comunicaría los estados de Hidalgo y el Distrito Federal a través de un tren de alta velocidad como parte de un plan de desarrollo urbano hacia el norte del Valle de México.

Construcción de caminos que comuniquen a más de 300 municipios en Oaxaca.

• Incluir el desarrollo rural sustentable del sector agropecuario, forestal y pesquero en un sistema nacional de planeación democrática y desarrollo regional. Ejecutar una política agropecuaria diferenciada para los diferentes tipos de productores que existen en el país, aquellos que ya son altamente competitivos, aquellos con potencial para incrementar su competitividad, y aquellos que tienen escasa o nula competitividad y que requieren todo el apoyo del Estado.
• Vamos a rescatar al campo del abandono al que ha sido condenado por la política neoliberal. Se apoyará a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello se arraigará a la gente en sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración.
• Revisar y rectificar los aspectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) relativos al sector agropecuario y pesquero, para recuperar instrumentos valiosos de fomento que garanticen la autosuficiencia alimentaria de nuestro país y generen mejores condiciones de trabajo y de vida para los productores y sus familias.
• Hacer realidad el derecho a la alimentación y a la soberanía y seguridad alimentaria para toda la población, así como programas especiales de nutrición materno infantil.
• Aumentar el gasto productivo y la inversión pública y vincular la ciencia y la tecnología a los sectores agropecuario, forestal y pesquero.
• Establecer la creación de los instrumentos crediticios y financieros, así como de las instituciones financieras, comerciales, de seguro y de servicios necesarias para aumentar el crédito y la cobertura de precios de garantía y poner en operación la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dando especial énfasis al fomento de las ramas industriales conectadas con el sector (agroindustrias, agroquímicos, insumos, materiales y equipo, maquinas y herramientas, entre otras).
• Se sembrará un millón de hectáreas de árboles maderables en el sur-sureste del país, caobas y cedros entre otros, con propósitos económicos, ecológicos y para crear alrededor de 400 mil empleos anuales.
• Reformar los sistemas financieros, comerciales, de seguros y de servicios necesarios para garantizar que los sectores agropecuario, forestal y pesquero cuenten con las condiciones necesarias y contribuyan nuevamente a la soberanía y autosuficiencia alimentaria de todas y todos los mexicanos, para que los productores tengan precios de garantía adecuados a su función productiva y a sus necesidades de vida, particularmente los de más bajos y medios ingresos. Reformar y poner en operación la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que de manera efectiva contribuya al fomento de las ramas industriales conectadas con los sectores mencionados (agroindustrias, agroquímicos, insumos, materiales y equipo, maquinas y herramientas, entre otras).
• Desarrollar programas sustentables de cobertura universal para el desarrollo económico y social del sector rural.
• Se atenderá con esmero la actividad turística: México posee espléndidas zonas arqueológicas, importantes ciudades coloniales, playas, flora y fauna de excepción, además, los servicios turísticos tienen un alto efecto multiplicador sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores.
• Desarrollar las potencialidades de crecimiento de la economía nacional, en especial en la Región del Istmo donde caben proyectos energéticos y de comunicación por vía férrea y carreteras, agroindustrias, explotación forestal y pesca que ofrecen un potencial que hay que aprovechar con leyes e instituciones adecuadas y la participación directa de sus pueblos y comunidades.
• Reorientar las actividades silvícolas hacia sistemas integrales de aprovechamiento forestal sustentable, retomando las experiencias exitosas en México y de otros países, y con la participación organizada institucionalmente de expertos, centros académicos, organismos civiles, las organizaciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas, empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, para revertir los graves procesos de depredación ecológica y de cambio climático.
• Se apoyará la actividad pesquera para mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras y ribereñas del país y pondremos al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios.
• Fomentaremos el sector social de la economía, en particular las cooperativas pesqueras, de producción, de servicios y de consumo.
• Reimpulsar la infraestructura de marina mercante y de puertos para apoyar la pequeña y mediana industria pesquera y crear fuentes de trabajo.
• Respeto a las tres formas de tenencia de la tierra.
• Programa integral de fomento al sector agropecuario.
• Desarrollar una agricultura de exportación de rango mundial.
• Promover el fortalecimiento de la economía de autoconsumo comunitaria y regional.
• Impulsar la banca de desarrollo.
• Apoyar actividades agropecuarias de alta densidad económica para su exportación.
• Revisar los programas como Procampo y Alianza para el campo, para impedir desvíos de recursos, despilfarro y corrupción.
• Invertir en infraestructura rural.
• Priorizar la investigación científica agropecuaria.

1. Cambiaremos la actual política económica. Habrá crecimiento a partir del impulso a las actividades productivas y no se continuará privilegiando la especulación financiera.
2. Realizar una reforma hacendaria, basada en los principios de equidad y progresividad; establecer mecanismos de tributación modernos que permitan lograr mayor eficacia y aumentar la captación; adoptar una política de ingreso y gasto público que promueva el crecimiento económico, la generación de empleos, el mejoramiento del salario real y realice obras de infraestructura productiva y social.
3. Para fortalecer la hacienda pública se cumplirá el mandato constitucional de abolir los privilegios de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales; se cobrarán impuestos por las operaciones que se realizan en la Bolsa Mexicana de Valores; y tendrán que pagar impuestos por extracción las empresas mineras.
4. Se simplificarán los trámites para el pago de impuestos. Todos los ciudadanos deberán manifestar cada año sus ingresos y utilidades, y depositarán lo que les corresponda de contribuciones, partiendo de fórmulas sencillas y de la confianza al contribuyente. La fiscalización se llevará a cabo por sorteo y se castigará con energía la evasión fiscal.
5. Recuperar los niveles de inversión pública directa y financiera en beneficio del desarrollo regional complementada con proyectos específicos de las organizaciones empresariales, de la micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo con el régimen de economía mixta establecido en la Constitución.
6. Aumentar el gasto social para cumplir, en coordinación con los gobiernos estatales, con la educación obligatoria a nivel de pre-primaria, primaria y secundaria, así como satisfacer la demanda de educación media y superior, cultura e investigación científica y desarrollo tecnológico en toda la República.
7. Sustentar el financiamiento no inflacionario del gasto público en la reforma de todo el sistema impositivo y de su administración, con el propósito de incidir significativamente sobre la equidad social; gravando más a quienes más tienen y más ganan; combatiendo la evasión, omisión y elusión fiscales y liberando a las finanzas públicas de su excesiva dependencia de los ingresos petroleros. Las reformas fiscales deben servir para promover la actividad económica y no solamente para sostener la administración pública. Especial énfasis debe recibir el impuesto sobre las personas físicas, pero también el impuesto sobre la renta de las empresas y el IVA por tratarse de un impuesto cuya administración debe ser complementaria. Estos tres impuestos bien administrados pueden duplicar su participación en la recaudación (actualmente 10.5% del PIB).
8. Se propone corregir el impuesto sobre la renta de las personas físicas bajo los siguientes principios:
1. Generalidad. Son causantes y están obligados a presentar declaración anual todas las personas que perciban un ingreso proveniente de una actividad económica durante un ejercicio fiscal. Ello daría un padrón de contribuyentes igual a la población económicamente activa ocupada.
2. Simplicidad. La base de esta reforma es la declaración anual de las personas físicas para cuyo propósito es requisito indispensable su simplificación y la capacitación del universo de contribuyentes contando para ello con las administraciones tributarias de los estados, ya que se trata de un impuesto participable y que requiere la elaboración de una base de datos manejada por el SAT federal en coordinación con los SAT estatales.
3. Las personas que como tales ejercen una actividad económica por cuenta propia o como PYMES descontarán los gastos propios del negocio para ser gravados sobre su ingreso neto con la tarifa general progresiva del ISR de las personas físicas.
4. Las personas que reciban ingresos provenientes de diferentes fuentes deberán acumularlos bajo su responsabilidad en su declaración anual.
5. Los ingresos no recurrentes llamados "de capital" se podrán compensar con las pérdidas de igual naturaleza y quedarán sujetos a una tarifa especial. Tal el caso de las llamadas ganancias de capital, herencias, legados, rifas, sorteos, loterías y otros ingresos no recurrentes.
6. Establecer y definir los derechos de los contribuyentes con objeto de darles facilidades para su regularización y fortalecer la información, transparencia y rendición de cuentas del gobierno y del sector público. Ejercer plenamente la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente para que los causantes sean informados y asistidos en el cumplimiento de sus obligaciones y reciban una educación fiscal que les permitirá actuar con una nueva conciencia de responsabilidad democrática.
9. En la medida que aumente la recaudación y se corrijan la evasión y elusión, se eliminará eventualmente el impuesto sobre el activo que grava a los grandes contribuyentes, quienes deben estar sujetos a una permanente consulta y vigilancia del fisco.
10. Utilizar la gran potencialidad recaudatoria del IVA, (manteniendo exentos por razones de equidad social, alimentos y medicinas), administrándolo como la otra cara de la moneda del impuesto sobre la renta de las empresas y negocios individuales, pues se trata de fuentes recaudatorias complementarias que gravan la misma corriente ingreso- gasto en tiempos distintos. Proponemos que este impuesto federal lo administren con la misma base de datos los gobiernos locales que conocen mejor a las empresas que operan en su territorio y las confronten con el impuesto federal sobre la renta de las personas físicas mejor conocidas localmente por su nivel de ingresos.
11. Elevar gradualmente la recaudación total actual y contribuir a disminuir la inequitativa distribución del ingreso mediante la adecuada recaudación y el buen manejo del ISR. También deben revisarse los impuestos patrimoniales, en especial el impuesto predial, cuya modernización y administración sobre bases técnicas y de equidad permitirán aumentar los recursos en beneficio de los municipios.
12. Promover en el marco de la Reforma del Estado la suscripción de un pacto fiscal y una nueva Ley de Coordinación Fiscal que permita cumplir las propuestas anteriores.
13. Instaurar un nuevo modelo de gestión pública que optimice el gasto público evitando su desvío y despilfarro con una adecuada planeación, desempeño y un sistema eficaz de transparencia y rendición de cuentas. Ello requiere reducir los excesivos sueldos y prestaciones que devenga la alta burocracia y reestructurar la administración pública sobre bases profesionales que aseguren el eficaz cumplimiento de los objetivos del servicio público tomando en cuenta su organización sindical y sus cuadros técnicos. Esta política de gasto público debe aumentar la inversión pública en infraestructura y financiarse de manera que haga compatible el crecimiento con la estabilidad de precios.

Medios masivos de comunicación

• Consensuaremos con la sociedad y el sector de la comunicación social, la transmisión de programas formativos de la identidad nacional, los valores éticos, sociales, cívicos y familiares en la programación abierta.
• Impulsaremos una política integral para los sectores de la comunicación y de la radiodifusión que impulsen la convergencia, competencia y amplíen la cobertura, así como establezcan marcos de certeza legal para los permisionarios, concesionarios y, en particular, los usuarios.
• Continuaremos los proyectos de cooperación que permitan no sólo el intercambio de tecnología, conocimiento e información, sino también la ampliación de asistencia judicial para combatir los delitos relacionados con la pornografía infantil y demás prácticas viciadas en este ámbito.
• Emprenderemos las acciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal a medios de comunicación, tecnologías de la información, para que los jóvenes con alguna discapacidad se incorporen y participen en la vida económica, social, política y cultural.
• Fortaleceremos los proyectos de integración económica y social, promoviendo la colaboración, asistencia e inversión en materias de telecomunicaciones.
• Impulsaremos la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, para detonar el desarrollo y crecimiento de estas industrias en beneficio de todos los mexicanos. Fortaleceremos la competitividad en el sector telecomunicaciones, actualizando las atribuciones legales de la COFETEL, para construir un entorno más competitivo en el sector telecomunicaciones.
• Modificaremos la Ley Federal de Telecomunicaciones, para permitir mayor inversión (reduciendo las barreras a la entrada) y competencia en los servicios de telefonía fija y móvil en beneficio de los usuarios.
• Impulsaremos la infraestructura tecnológica de redes públicas, especialmente de banda ancha, comenzando por los principales centros urbanos y económicos del país, a fin de acelerar la integración de la población a la sociedad del conocimiento.
• Instrumentaremos políticas que aseguren la transición expedita a la televisión digital terrestre.
• Estableceremos de manera explícita, en las leyes que rigen a los medios de comunicación, su compromiso con la dignidad de la mujer y la equidad de género.
• Profundizaré la apertura comercial en sectores seleccionados de la economía. Debemos avanzar sustancialmente en la competencia para fomentar la entrada de nuevos jugadores, en la convergencia para que los operadores puedan concurrir al mercado con plataformas de diversos servicios, y en la cobertura a efecto de que el mayor número de personas y comunidades puedan acceder a dichos servicios a bajo costo.
• Es necesario garantizar en la certeza jurídica a los operadores con el propósito de alentar así las inversiones de largo plazo y la constante conversión tecnológica de las plataformas de servicios, así como en la capacidad efectiva del Estado para ordenar el mercado y, en particular, para evitar fenómenos de concentración y prácticas monopólicas.
• En telecomunicaciones, dar mayores capacidades a la COFETEL para que pueda garantizar el cumplimiento de lineamientos y sanciones.
• Promover una reforma para permitir mayor inversión en empresas concesionarias de telecomunicaciones.

Desregulación y simplificación

• Impulsar políticas antimonopolio, para propiciar un mercado más competitivo mediante el fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia.
• Reforzar la protección de los derechos de autor y propiedad intelectual.
• Revisar y promover cambios en la regulación del transporte para propiciar la competencia, abaratando costos para el usuario y para fomentar la inversión y la certeza jurídica.
• Reformar la normatividad de infraestructura y servicios de transporte, para facilitar el movimiento de mercancías en el país y fomentar la intermodalidad del transporte.
• Reforma integral al marco normativo de la industria petroquímica. Esto permitirá invertir en nanotecnología y biotecnología, industrias punteras del futuro.
• Apuntalar el desarrollo de energías renovables, a través de una mejor regulación, incentivos fiscales y el uso de asociaciones público privadas.
• Homologación de procesos entre gobiernos municipales y estatales y facilitar la creación de empresas.
• Desregulación para el funcionamiento de empresas.
• Eliminar la excesiva regulación de los procesos para ejercer el gasto público, proponiendo presupuestos multianuales.
• Eliminar doble ventanilla entre SCT y otros órganos de competencia.
• Tala regulatoria.
• Reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, para detonar el desarrollo y crecimiento de estas industrias.
• Modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones, para permitir mayor inversión (reduciendo las barreras a la entrada) y competencia en los servicios de telefonía fija y móvil en beneficio de los usuarios.

Promoción de la inversión

• Promover la apertura de la inversión extranjera en sectores clave y mejorar las condiciones de competencia económica.
• Impulsar el diseño de productos y servicios financieros a la medida de los sectores de la población que todavía no los utilizan. Haremos las modificaciones legales pertinentes, para que el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) baje los costos de transacción y amplíe el acceso.
• Brindar certeza a las inversiones en el sector manufacturero que permitan consolidar el crecimiento y competitividad del sector aprovechando las oportunidades en los mercados internacionales.
• Apertura a la inversión extranjera en sectores clave y mejores condiciones para la competencia económica.
• Alianzas estratégicas de PEMEX con otras empresas en un entorno de competencia. Ello nos dará acceso a tecnología para explotar el petróleo en aguas profundas y las reservas de shale gas.
• Garantizar certeza jurídica a los operadores de telecomunicaciones para alentar inversiones de largo plazo.

Fomento a la competencia

• Promover la apertura a la competencia económica a fin de que los mexicanos tengan acceso a bienes y servicios de mejor calidad y a menores precios.
• Mejorar las capacidades de la Comisión Federal de Competencia Económica.
• Trabajar de manera estrecha con el Poder Judicial para incrementar la efectividad de las recientes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y con el apoyo decidido a la Comisión Federal de Competencia.
• Impulsar la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, para detonar el desarrollo y crecimiento de estas industrias en beneficio de todos los mexicanos. Fortaleceremos la competitividad en el sector telecomunicaciones, actualizando las atribuciones legales de la COFETEL, para construir un entorno más competitivo en el sector telecomunicaciones.
• Crear Observatorios Ciudadanos en dependencias y entidades, y fortaleceremos las atribuciones de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para orientar políticas públicas y evaluar el procedimiento para la realización de proyectos de infraestructura.
• Fortalecer órganos de competencia para incrementar la capacidad del Estado para ordenar el mercado, y evitar fenómenos de concentración y prácticas monopólicas.
• Profundizar apertura comercial en sectores seleccionados de la economía.
• Crear una red de telecomunicaciones nacional que permita la entrada de otros actores para competir.
• Favorecer la inversión y exigir transparencia en la relación del sector productivo con el Estado y la comunidad.
• Promover cambios que quiten “el freno de mano” a la banca de desarrollo, dando más espacio a NAFIN para la toma de riesgos con PyMEs, y que puedan acceder a más crédito.
• Debemos pasar de la política de las “3C ́s” a la política de las “5C ́s”: competencia, convergencia, cobertura, certeza y capacidad.

1. Sostendremos la estabilidad como herramienta del crecimiento sostenido. En consecuencia, habremos de manejar presupuestos equilibrados, que han generado confianza en nuestra economía.
2. Alcanzaremos un crecimiento económico superior al 5% anual, con base en la inversión pública y privada, nacional e internacional, además de la utilización innovadora y creativa de nuevas tecnologías.
3. Mantendremos la autonomía del Banco de México, a fin de garantizar la correcta conducción de la política monetaria que genera estabilidad de precios, mantiene el poder adquisitivo de los salarios y permite que los mexicanos fortalezcamos nuestro patrimonio.
4. Promoveremos el manejo responsable y prudente de la deuda pública, fortaleciendo los mecanismos de transparencia en el orden estatal y municipal, para evitar los excesos en que han incurrido algunos gobiernos locales.
5. Proponemos una política tributaria basada en una recaudación competitiva, con la participación de los tres órdenes de gobierno. Entre las medidas necesarias para lograrlo, consolidaremos el federalismo fiscal y fortaleceremos los ingresos de los municipios y estados, ejerciendo cabalmente las potestades recaudatorias con el objetivo de atender de mejor manera la dotación de servicios públicos.
6. Fomentaremos la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para generar sinergias en el cobro de los impuestos, así como con los estados y municipios la inversión conjunta para instalaciones de módulos de gobierno electrónico, con un sistema de ventanilla única, que permita el cumplimiento de trámites gubernamentales federales, estatales o municipales en línea, aprovechando la infraestructura instalada por alguno de los órdenes de gobierno y ampliando la cobertura de la red e-México.
7. Reconocemos la importancia que tienen los recursos derivados de los ingresos petroleros en las finanzas publicas nacionales, proponemos que los ingresos excedentes de éstos puedan ser utilizados en inversiones productivas que potencien el desarrollo de México, poniendo énfasis en aquellos procesos que el mismo PEMEX presente de acuerdo a sus plan de negocios.

Simplificaremos y haremos más eficiente el pago de impuestos, facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y así obtener el beneficio de la formalidad a menor costo.

• Es necesario modernizar el marco fiscal para transitar del régimen actual en el que cohabitan el ISR y el IETU a un régimen en el que únicamente prevalezca un impuesto con las características del IETU.
• El sistema tributario debe incentivar el desarrollo de emprendedores mexicanos y alentar a los empresarios a crecer de manera formal.
• Se debe fortalecer el federalismo fiscal para que los estados y municipios fortalezcan sus facultades tributarias que les permita contar con finanzas más sanas y autonomía para financiar sus proyectos de desarrollo social infraestructura.

Infraestructura:

• Para que México crezca más y de mejor manera una de las estrategias clave para lograrlo es la construcción de infraestructura moderna: carreteras, puentes, ferrocarriles, aeropuertos y puertos.
• Fortaleceré la conectividad terrestre, construyendo y modernizando más carreteras, conectándolas mejor con localidades con grandes atractivos turísticos.
• Multiplicaré la inversión en proyectos de infraestructura, bajo la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas.
• Utilizaré los ingresos petroleros como ingresos extraordinarios para financiar inversión en infraestructura.
• Impulsaré la utilización de esquemas para el gasto multianual que permitan agilizar la inversión pública en infraestructura.
• Desarrollaré las obras de infraestructura en las que exista consenso de las comunidades y las ciudades, con el fin de crecer y prosperar y así brindar mejores condiciones de vida a los mexicanos. Entre otros, necesitamos avanzar en conexiones y líneas ferroviarias tanto para carga como para pasajeros. México es un candidato natural para que en las zonas metropolitanas se desarrollen trenes suburbanos.
• Apoyaré a los municipios para que desarrollen programas e infraestructura urbana sustentable (uso de energías alternas, captación y uso de agua de lluvia, programas de separación, uso y reciclaje de materiales, generación de electricidad a partir del biogás que se genera en los rellenos sanitarios, entre otros).
• Crearemos Observatorios Ciudadanos en dependencias y entidades, y fortaleceremos las atribuciones de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para orientar políticas públicas y evaluar el procedimiento para la realización de proyectos de infraestructura.
• Mejoraremos la política aeronáutica para asegurar que aeropuertos clave cuenten con la infraestructura de pistas y calles de rodaje para operaciones transcontinentales.
• Continuaremos con la construcción de infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y aeroportuaria con una visión integral con menores impactos ambientales, que haga al país más competitivo y permita una conectividad eficaz, que dinamice el mercado nacional e internacional eficientemente. Reformaremos la normatividad de infraestructura y servicios de transporte, para facilitar el movimiento de mercancías en el país y fomentar la intermodalidad del transporte.
• Ampliaremos los aeropuertos cuya capacidad está a punto de saturarse.
• Realizaremos una planeación de largo plazo, que permita contar con un banco de proyectos de infraestructura, en el que sea más ágil el proceso de adquisición y el derecho de adquisición de bienes.
• Dirigiremos la inversión pública preferentemente a la construcción de ejes transversales, carreteras alimentadoras y caminos rurales.
• Daremos mayor fluidez al tráfico en los corredores multimodales, reduciendo los trámites de inspección de contenedores y otros administrativos, así como proseguir la construcción de libramientos y pasos a desnivel en ciudades y pueblos.
• Invertiremos en infraestructura que beneficie directamente a las comunidades indígenas en proyectos como captación de agua de lluvia, creación de bordos captadores de agua, aprovechamiento sustentable de recursos naturales, plantaciones comerciales de bosques, etcétera.
• Determinaremos la “Dotación Relativa” en función de localidad, altitud y clima y con esto, apoyar la construcción de infraestructura.
• Ampliar a 4 carriles la autopista Guadalajara-Colima, así como la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguaprieta.

Transporte público

• Incrementaré la inversión en los sistemas integrales de transporte público en las ciudades para minimizar el uso del automóvil.
• Introduciré proyectos como el Autobús de Tránsito Rápido, metro, tren ligero, trolebús.
• Propiciaré una mejor conectividad entre los distintos sistemas de transporte para hacerlos más eficientes y la integración tarifaria (un mismo boleto sirve para transbordar entre autobús, metrobús, metro, trolebús, tren suburbano, entre otros).
• Fomentaré la movilidad no motorizada, a través de la incorporación de ciclo vías y obras de peatonalización.
• Elevaré la eficiencia de los sistemas de transporte público para una mejor conectividad de las ciudades.
• En transporte, liberalizaré el sistema de transporte para eliminar restricciones a la competencia en autotransporte de carga, transporte ferroviario y marítimo.
• Fomentaré la movilidad no motorizada y apoyaré la inversión en sistemas intermodales de transporte público, en particular de aquellos con menor consumo de combustible, ya sea eléctricos o híbridos, para reducir el uso del automóvil en las grandes ciudades del país.
• Revisaremos y promoveremos cambios en la regulación del transporte para propiciar la competencia, abaratando costos para el usuario y para fomentar la inversión y la certeza jurídica.
• Revisaremos la legislación respecto al peso y ejes de los vehículos de carga en las carreteras federales, para hacer los cambios necesarios en beneficio de la industria del transporte y de acuerdo a las normas internacionales sobre la carga de los contenedores, la cual afecta la superficie de rodamiento de las autopistas.

• Racionalizar -mediante el concurso de especialistas, académicos y de los gremios de productores- la cartera de Programas, Proyectos y Organismos relativos al sector agropecuario, utilizando los resultados de las evaluaciones externas coordinadas por el CONEVAL, así como evaluaciones de instituciones internacionales (FAO, IICA, OCDE) y los resultados de las auditorías de desempeño realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.
• Incrementar el nivel de cobertura crediticia y de aseguramiento para dar mayor certidumbre y competitividad a las actividades productivas del sector rural, promoviendo una mayor participación de la banca de desarrollo a través de mayores montos crediticios y mecanismos ágiles y oportunos que garanticen el acceso al crédito sobre todo a los sectores rurales con mayores niveles de pobreza y marginación que cuentan con potencial productivo. Fortaleceremos a FIRA, a la Financiera Rural y a FONAES.
• Promover una mayor producción de los alimentos básicos, que recientemente han sido insuficientes para satisfacer la demanda y, ante una situación de emergencia, buscaremos eliminar los permisos previos y la necesidad de cupos de importación.
• Impulsar reformas de segunda generación para la Banca de Desarrollo, que permitan un mejor financiamiento y administración de riesgos para el desarrollo rural, incluyendo una política integral de manejo de riesgos que promueva su uso por los productores y productoras rurales, y permita una cobertura suficiente a las instituciones de la Banca de Desarrollo ante las fluctuaciones eventuales en los ciclos productivos, en el clima y en los mercados.
• Crear mecanismos que doten de capacidad de respuesta al Gobierno y a las instituciones del ramo con relación a la disponibilidad de productos básicos críticos en casos de desastres naturales, sequías prolongadas o especulación nacional o internacional con el abasto o los precios. Simplificar radicalmente reglas, reglamentos y trámites de todos los programas y gestiones, relacionados con el sector.
• Brindar servicios de capacitación a lo largo de todo el proceso de identificación, organización, diseño, creación, operación y fortalecimiento de las empresas rurales e Intermediarios Financieros Rurales incluidos en los proyectos para la integración económica de las cadenas productivas. Promover un nuevo sistema de extensionismo universitario para que investigadores de universidades estatales e institutos regionales se inserten en los procesos de desarrollo de sus territorios de influencia. Se incorporarán las instituciones educativas en proyectos estratégicos territoriales, abarcando aspectos de seguridad alimentaria, nutrición, ahorro y crédito, servicios ambientales, empresas rurales y mercados locales.
• Mejorar las acciones de integración de productores y productoras rurales a las redes de valor o cadenas productivas, haciendo énfasis en esquemas de asociación. Asimismo, promoveremos estrategias, tecnologías y apoyos especiales al campo, que incentiven la migración ordenada y gradual de cultivos poco competitivos, hacia productos de mayor rentabilidad económica, incluyendo actividades industriales no agropecuarias, tomando en cuenta las vocaciones económicas y los microclimas de las distintas regiones del país, y garantizando apoyos financieros durante la transición.
• Promover el desarrollo de consorcios agrícolas de exportación y otros mecanismos de articulación productiva que faciliten el acceso a mercados de alto valor.
• Ampliar y hacer más eficiente la infraestructura básica en irrigación, electrificación, comunicaciones y servicios de las poblaciones rurales, así como la infraestructura productiva agrícola, ganadera, forestal y acuícola con una visión de sustentabilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
• Reorientar los subsidios al campo que sean de bajo impacto en productividad, y en su lugar fortalecer esquemas de financiamiento, particularmente aquellos dirigidos a pequeños productores, generando una articulación y sinergia de los programas que hasta ahora llegan de manera aislada y dispersa a las zonas rurales.
• Establecer un sistema que permita un fácil acceso a la información sobre producción nacional de productos exportables, nuevas tecnologías, oportunidades de producción y comercialización y que apoye a los productores y a los consumidores en la toma de decisiones.
• Incrementar la capitalización de las unidades de producción rural, mediante un aumento sustancial de crédito refaccionario de largo plazo.
• Proponer en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable criterios de transparencia, y reforzaremos las disposiciones referentes a la transversalidad en la aplicación del gasto en el medio rural, el sector agropecuario, pesquero y acuícola, encadenándolo de mejor manera. Se le dará mayor relevancia a las instituciones de planeación y participación ciudadana plasmadas en la ley (consejos municipales, distritales, estatales y comisión intersecretarial para el desarrollo rural).
• Perfeccionar la Ley de Almacenaje Rural y promoveremos su aplicación, a fin de que se materialice en acciones que permitan, a los productores agropecuarios, comercializar sus mercancías a mejores precios y generar mayores ingresos.
• Institucionalizar mecanismos para la asesoría e incubación de empresas y proyectos productivos desarrollados en las comunidades expulsoras, a través de las remesas y de apoyos financieros gubernamentales. En este sentido, se fomentará la creación de agencias de desarrollo rural que funcionen con equipos técnicos multidisciplinarios bajo un esquema ágil y transparente de certificación de competencias, sistematización y seguimiento a nivel nacional.
• Fomentar la creación de Instituciones de Ahorro Popular en el medio rural administradas por integrantes de las comunidades, para fomentar el financiamiento local.
• Alentar reformas legales para dignificar a la familia del medio rural, mediante la creación de empresas rurales para aprovechar la originalidad y riqueza de nuestra gente.
• Fortalecer la política de crédito agropecuario para que los productores puedan acceder a tractores, maquinaria, equipos y fertilizantes:
• La única manera de garantizar la seguridad alimentaria del país es capitalizar al campo para impulsar su productividad y competitividad.
• Poner en marcha el más ambicioso programa de capacitación (conocimientos y tecnologías) y reconversión de cultivos a fin de elevar la capacidad productiva de la agricultura tradicional:
• Con el apoyo del sector académico, masificaré el uso de semillas más resistentes a plagas, herbicidas y heladas, menos demandantes de agua y, sobre todo, con mayor contenido nutricional.
• La meta es promover una segunda “revolución verde” en el país.
• Fortalecer los apoyos que reciben los pequeños productores:
• Fortaleceré los apoyos que reciben a través de PROCAMPO y PROGAN.
• Mantendré los subsidios para la electricidad en equipos de bombeo, así como para el diesel de uso agrícola y marino.
• Promover la agricultura protegida (invernaderos) en las regiones del país más vulnerables a la sequía.
• Dar un impulso sin precedente a la tecnificación del riego:
• Mantendré un ritmo anual de 700 mil hectáreas tecnificadas.
• Fortalecer los fondos de capital de riesgo para el desarrollo agropecuario del país.
• Ampliar la cobertura de los seguros contra eventos catastróficos en el sector agropecuario.
• Respaldar la formación de cadenas productivas y crear nuevos esquemas de vinculación a mercados.
• Apoyar e incentivar a las empresas agroindustriales exportadoras para que conquisten nuevos mercados mundiales.
• Invertir como nunca en la infraestructura para el campo (caminos rurales, distritos de riego, presas, acequias).
• Fortalecer los programas sociales que más benefician a las familias del medio rural (Oportunidades, Programa de Apoyo Alimentario, 70 y más, Empleo Temporal, programas de apoyo a proyectos productivos, programas para el desarrollo de infraestructura, Vivienda Rural, Zonas Prioritarias, Zonas Áridas).

• Impulsaremos la creación de empleos a través de nuevas alternativas de contratación, que permitan jornadas flexibles, períodos de prueba y de aprendizaje o de capacitación inicial, garantizando estrictamente los derechos laborales. Todo esto con la finalidad de facilitar la contratación de jóvenes y mujeres.
• Diseñaremos opciones laborales para los trabajadores mayores de 35 años, en especial en esquemas de organización, asociación y de cooperativas.
• Crearemos nuevos programas laborales de capacitación, que permitan desarrollar múltiples habilidades y permitan mantener actualizados a los trabajadores en nuevas tecnologías y técnicas productivas.
• Promoveremos el establecimiento de esquemas de seguro de desempleo de los trabajadores y de continuidad en las prestaciones de seguridad social en casos de desempleo.
• Realizaremos acciones orientadas a la inserción, permanencia y capacitación en el trabajo de los adultos mayores.
• Fortaleceremos los esquemas de financiamiento público y privado para que los trabajadores tengan mayor acceso a créditos al consumo, automotrices, educativos e hipotecarios.
• Apoyaremos la migración de los sistemas de pensiones que no hayan sido reformados, a sistemas de cuentas individuales.

• Impulsar el aprovechamiento de la cercanía cultural con América Latina, para aumentar las exportaciones mexicanas a la región.
• Desarrollar mecanismos de inteligencia comercial competitiva para identificar mercados de alto valor para productos y servicios mexicanos, así como estrategias para aprovechar las oportunidades generadas.
• Crear las condiciones para atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras, hacia la fabricación de insumos y transferencia tecnológica y servicios de alta especialización para las empresas exportadoras.
• Fomentar activamente la exportación de servicios, en especial los relacionados con la TI, subcontratación de procesos de negocios y servicios intensivos en conocimiento.
• Promover la capacitación (en contabilidad, organización administrativa, control de calidad, manejo de inventarios o mercadotecnia) y la asociación de micro, pequeñas y medianas empresas, para que exporten directamente o para que provean de insumos a las empresas exportadoras.
• Fortalecer la operación de la Banca de Desarrollo, para mejorar los servicios y financiamiento a la exportación de productos nacionales.
• Desarrollar programas para la internacionalización de empresas mexicanas y diseñaremos estrategias para aprovechar oportunidades de negocios internacionales más allá de sólo el comercio: fusiones y adquisiciones, alianzas internacionales, inserción a cadenas globales de manufactura y servicios.
• En materia de importaciones, combatir por todos los medios legales el contrabando y las prácticas desleales de comercio, principalmente el dumping y la introducción de mercancías de terceros países, a través de naciones con los que tenemos tratados de libre comercio.
• Ampliar el número de exportadores en el sexenio y duplicaremos el contenido nacional de las exportaciones totales. Trabajaremos con Canadá y Estados Unidos para transformar a América del Norte en una región exportadora neta, particularmente con desino al continente asiático.
• Promover el desarrollo de la zona económica fronteriza con Estados Unidos, mediante el impulso al comercio y la inversión.
• Fortalecer la promoción de la Iniciativa Nacional de Exportaciones para crear empleo y ampliar exportaciones, mediante el impulso a empresas pequeñas y medianas (generación de “cadenas de valor”).
• Fomentar el comercio y la inversión en los mercados de expansión como Sudáfrica, Nigeria y Egipto.
• Adoptar las medidas comerciales necesarias para ingresar al Trans Pacific Partnership.
• Revitalizar nuestra asociación estratégica y comercial con la Unión Europea para atraer más inversiones en sectores de alta rentabilidad y con capacidad para detonar crecimiento y empleo en México como el turismo y la infraestructura.

• Aprovechar plenamente las potencialidades del TLCAN.
• Promover el desarrollo de la frontera norte a través del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBANK).
• Diversificar el comercio exterior con el resto del mundo.
• Promover la relación con China en materia política, de inversión extranjera, tecnológica y ambiental.
• Aprovechar plenamente los acuerdos estratégicos con Japón en materia comercial y tecnológica.
• Desarrollar y aprovechar plenamente los mecanismos existentes de relación comercial, política, cultural, tecnológica, de inversión extranjera, ambiental y en materia de cambio climático.

• Para que un país se desarrolle de forma productiva y con estabilidad política democrática, requiere contar con una sólida clase media, con los medios y la capacidad para satisfacer sus necesidades de empleo y consumo básico en materia educativa, de salud, alimentos, vivienda, entretenimiento y recreación.
• Los trabajadores calificados y organizados son socialmente una columna fundamental de una Nación integrada y productiva.
• Es necesario actualizar el marco institucional y jurídico que regula las relaciones laborales.
• Se debe reflexionar sobre los mejores esquemas que contribuyan a elevar la productividad, a la vez que salvaguardar los derechos de los trabajadores y sus organizaciones.
• Se deben establecer nuevas formas de relación con los empresarios, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, sobre la base de la autonomía e independencia sindical.
• Debe haber un esfuerzo coordinado a favor de empleos, salarios suficientes y una mayor productividad de la economía. Para ello debe prevalecer el diálogo, la interacción y la negociación propositiva entre gobierno, sector privado y sindicatos.
• Las empresas podrán fortalecerse y crecer, sólo si tienen trabajadores capacitados, en permanente formación, con oportunidades de crecimiento personal y con un nivel de ingresos que mejore las condiciones de vida de cada familia.

• Fortalecer y dar a COFETEL suficientes facultades en ley para ejercer una rectoría regulatoria, y evitar la superposición y doble ventanilla de atribuciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que genera incertidumbre, inseguridad jurídica, rezago administrativo, y un vacío en la toma de decisiones.
• Reconocer que COFETEL debe concentrarse en la regulación y SCT en la política pública en el sector.
• Evitar la judicialización de las decisiones regulatorias adoptadas por las autoridades, que dificulta la aplicación de la regulación.
• Crear un tribunal especializado en materia de telecomunicaciones y competencia económica. Los recursos humanos de los tribunales deben tener suficiencia técnica de conocimientos especializados.
• Reconocer que la libertad de empresa y la competencia económica son vehículo estratégico para satisfacer necesidades humanas, mejorar eficiencia, crear empleos, crear riqueza, y una economía sustentable.
• Romper los cuellos de botella que impiden el desarrollo de nuevas grandes empresas mexicanas.
• Demandar que es responsabilidad del Estado resolver las fallas del mercado, y fortalecer la competencia económica.

Regulación

• Fortalecer y dar a COFETEL suficientes facultades en ley para ejercer una rectoría regulatoria, y evitar la superposición y doble ventanilla de atribuciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que genera incertidumbre, inseguridad jurídica, rezago administrativo, y un vacío en la toma de decisiones.
• Reconocer que COFETEL debe concentrarse en la regulación y SCT en la política pública en el sector.
• Evitar la judicialización de las decisiones regulatorias adoptadas por las autoridades, que dificulta la aplicación de la regulación.
• Crear un tribunal especializado en materia de telecomunicaciones y competencia económica. Los recursos humanos de los tribunales deben tener suficiencia técnica de conocimientos especializados.

Política de espectro a largo plazo

• Generar un inventario actualizado del espectro radioeléctrico para una política de largo plazo de desarrollo tecnológico, despeje, asignación y explotación como recurso estratégico.
• Ofrecer a disposición del mercado la mayor cantidad de espectro posible, sobre todo para satisfacer la creciente demanda de servicios de trasmisión de datos de banda ancha móvil. Eliminar el espectro ocioso.
• Adoptar tecnologías que permitan la utilización del espectro por varios usuarios sin que se generen interferencias. Eliminar barreras a la entrada y a la competencia
• Reconocer a Internet como un nuevo bien público. Acceso universal a Internet de banda ancha a precios competitivos, velocidad de estándares globales, y gratuita en sitios públicos para lo cual se necesita desarrollar la infraestructura y el mercado en todo el país.
• Garantizar la libertad de expresión en internet como derecho universal ciudadano a expresar sin censura ideas, opiniones y posicionamientos, utilizando al Internet como plataforma para alcanzar una democracia más participativa.
• Establecer reglas de propiedad intelectual que impulsen la innovación, en un marco de respeto a las obras de los creadores.
• Promover la neutralidad, para asegurar al usuario de Internet su derecho de libre acceso a contenidos, servicios, aplicaciones y cualquier sitio en general sin ningún tipo de restricción, bloqueo o discriminación por parte del proveedor.

Eliminar barreras a la entrada y a la competencia

• Simplificar y acelerar los trámites para el otorgamiento de concesiones y permisos, a través de una simple lista de requisitos, que al cumplirse, obtengan aprobación automática por parte del regulador.

Financiar software libre, como bien público.

• Crear una entidad específica dentro de la nueva Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para promover internet, y apoyar infraestructura, así como educación en red, y trámites de gobierno.
• Definir una Política de Estado a largo plazo con relación a la red.

Reforma fiscal verde

• Eliminar la gran dependencia de los ingresos del Estado hacia la renta petrolera.
• Establecer un nuevo régimen fiscal para PEMEX que le permita ser rentable después de impuestos y derechos.
• Utilizar la renta petrolera para inversión a largo plazo y no en gasto corriente.
• Promover la reforma fiscal verde y reorientar los subsidios a los energéticos hacia inversiones en sectores estratégicos prioritarios como educación de calidad, transporte público y energías renovables.
• Extender la generalización del IVA exceptuando canasta básica de alimentos y medicamentos de consumo popular.
• Reducir el ISR a los trabajadores y a las empresas.
• Promover la deducción fiscal bajo reglas estrictas de aportaciones de empresas y personas físicas a bienes públicos puros en materia de educación, ciencia y tecnología, cultura, conservación de la biodiversidad y deporte.
• Descentralizar y responsabilizar fiscalmente a estados y municipios (impuestos a los combustibles automotrices, financiamiento a la educación estatal).
• Impulsar un sistema de apoyo a municipios para el cobro del impuesto predial.
• Lograr que todos los ciudadanos contribuyan a la hacienda pública en forma equitativa; transferir los subsidios ambientalmente negativos a educación e infraestructura, y hacer transparente el gasto del gobierno federal, estados y municipios.

Infraestructura y proyectos estratégicos

• Crear un arrecife artificial de Cancún y Playa del Carmen para protección costera y de playas, y para la restauración de la biodiversidad marina. Primer proyecto de adaptación ante el cambio climático.
• Instituir el México Ciudad Lacustre, restauración de una porción significativa del lago de Texcoco, y de los lagos de Xochimilco y Tláhuac, en alianza con el Distrito Federal y el Estado de México. Infraestructura de tratamiento y re-uso de aguas residuales, control de avenidas e inundaciones, drenajes y regulación hidráulica, rehabilitación urbana, infraestructura y espacio público en el oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
• Construir un nuevo gran aeropuerto para la Ciudad de México al nororiente del vaso de Texcoco, cercano a la ciudad y competitivo, con transporte y vialidad adecuados, tres pistas de operación simultánea, terminales de clase mundial, e infraestructura logística e intermodal.
• Reciclar el actual aeropuerto para parques y espacio público, planteles educativos, vivienda y servicios.
• Construir el tren de alta velocidad, rentable, al estilo de AVE español, TGV francés u otros similares, en alianza público-privada, de la Ciudad de México a Guadalajara con estaciones urbanas intermedias en San Juan del Río, parque industrial y aeroespacial de Querétaro, Ciudad de Querétaro, Celaya, Silao, Salamanca, Irapuato, León, y Guadalajara, con un probable ramal a Aguascalientes.
• Invertir masivamente en tratamiento de aguas residuales en las principales ciudades de México.
• Desarrollar alianzas público-privadas en la construcción de infraestructura.
• Reconocer la utilidad pública de expropiaciones para APP.
• Alentar valuaciones profesionales.
• Derogar en los hechos a la Ley de Obra Pública.
• Promover fideicomisos públicos pueden llevar a cabo APP.
• Reconocer a todos los sectores, incluyendo infraestructuras y servicios ambientales, transporte, etc.
• Dar certidumbre jurídica a empresas privadas.
• Establecer concursos públicos en vez de licitaciones públicas.

• Reorientar PROCAMPO y PROGAN para convertirlos en inversión en bienes públicos ecológicos (conservar y restaurar el capital natural de México).
• Cancelar los subsidios y crear un sistema contractual a largo plazo de inversión pública, entre el Estado y los propietarios de tierras (ejidos, comunidades, individuos), para la conservación y manejo sostenible de ecosistemas.
• Desligar los pagos de la explotación de la tierra, siembra, pastoreo y apertura de tierras, y vincularlos a la conservación y restauración.
• Dotar de mayores pagos en Áreas Naturales Protegidas, corredores biológicos, y áreas certificadas de manejo forestal sostenible.
• Agricultura y ganaderías modernas, productivas y sustentables.
• Conseguir que el campo mexicano deje de ser fuente eterna de lamentos, y erigirse en un poderoso motor de desarrollo y de conservación de la biodiversidad.
• Resaltar que el campo mexicano ha mostrado ya su potencialidad al ocupar hoy en día el octavo lugar en el mundo por valor y volumen de la producción, al crecer más que la economía nacional y la población, y al mostrar una alta competitividad en frutas, hortalizas y ganadería (aves y cerdos), especialmente, en el contexto del TLCAN.
• Aumentar la productividad por hectárea en donde esto sea viable y evitar la expansión de la frontera agropecuaria, que ya ha rebasado su máximo sustentable y que ha destruido masivamente la biodiversidad, bosques y selvas de México.
• Aceptar que la agricultura mexicana debe crecer por productividad, con nuevas tecnologías, nuevas semillas y sistemas de riego e investigación y desarrollo en todos los eslabones de la actividad agropecuaria.
• Fortalecer y desarrollar la autonomía del INIFAP, como entidad y sector estratégico en políticas de ciencia y tecnología.
• Aprovechar todo el potencial y las ventajas competitivas de la agricultura mexicana en el contexto del TLCAN y de todos los acuerdos comerciales firmados por México.
• Promover la compactación de minifundios para la aplicación de tecnologías modernas de alta productividad, donde esto sea factible y rentable. Aprovechar el éxito del PROCEDE que ofrece más certidumbre en los derechos de propiedad, límites y formas de tenencia.
• Hacer crecer la agricultura productiva y moderna con una estrategia de uso sustentable del agua, como recurso cada vez más escaso en los escenarios de estrés hídrico, sobrexplotación de acuíferos y cambio climático que caracterizan a buena parte del territorio nacional.
• Desarrollar y aprovechar tecnologías tradicionales y modernas de uso sostenible y diversificado de recursos, y su adaptación a mercados nacionales e internacionales cada vez más exigentes en criterios de sustentabilidad ambiental.
• Promover y dar certidumbre jurídica y apoyo técnico a la ganadería diversificada con especies silvestres, en estrategias conjuntas de aprovechamiento y conservación, y desarrollo de nuevos mercados.
• Evitar la producción de biocombustibles de origen agrícola, y por tanto la competencia por la tierra y el agua, la escasez de alimentos, la expansión directa o indirecta de la frontera agropecuaria, y la destrucción de la biodiversidad.