Los saldos de Calderón

Las deudas y las afrentas que deja el gobierno de Felipe Calderón en la garantía de los derechos humanos de las mujeres son —por decir lo menos— ofensivas. Acciones y omisiones de este gobierno han dado muestras de su falta de compromiso hacia el respeto, promoción y defensa de la vida y la salud de las mujeres. La embestida del Presidente nos lleva a hechos puntuales que no es posible obviar en un balance serio de la gestión de este gobierno en cuanto a los derechos humanos.  

La despenalización del aborto hasta las doce semanas de gestación en el Distrito Federal constituyó un logro histórico producto de más de setenta años de lucha de las mujeres, para ampliar sus libertades y, destacadamente, para el reconocimiento y el respeto de sus los derechos de las mujeres como derechos humanos. Calderón y los sectores más conservadores del país no lo vieron de esta manera. Desde el momento mismo de la concepción —valga el parafraseo— de las iniciativas comenzaron una embestida para intentar frenar este importante avance en los derechos humanos de las mexicanas. 

En mayo de 2007, el gobierno de Calderón impugnó, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), la despenalización del aborto en el DF ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El gobierno federal dijo que las reformas eran inconstitucionales y por tanto habría que declararlas inválidas. No es dato menor que unos años después también impugnará, por el mismo mecanismo, otra de las reformas vanguardistas de la ciudad de México: las que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar. En ambos casos, la SCJN falló a favor de las reformas y hoy están vigentes.

Los sectores más conservadores encendieron sus señales de alerta ante la decisión de la SCJN: “¡A las armas, los demonios andan sueltos!” La Tercera Ley de Newton casi a la letra: una acción que generó una reacción de igual —o quizás mayor— intensidad pero en sentido contrario. Es decir, una reforma que provocó una serie de contrarreformas regresivas: 16 constituciones reformadas para proteger la vida desde la concepción y con la evidente intención de frenar avances como los sucedidos en el Distrito Federal.

No hubo una defensa explícita de las reformas. Tanto en la dirigencia panista, como en los priistas que fueron fundamentales para la aprobación, privó la discreción y la mesura; como si la estrategia fuera, precisamente, que la victoria ideológica y legislativa pasara inadvertida. Diversas organizaciones en los estados solicitaron a la PGR presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas locales, dieron argumentos que deberían ser analizados y tomados en cuenta, lamentablemente (como era de esperarse) no hubo respuesta ni argumentación que merecieran las demandantes por parte del gobierno federal. 

Contrasta esta parsimonia con la beligerancia y notable injerencia del gobierno federal cuando en septiembre pasado, en el contexto de las discusiones de las acciones de inconstitucionalidad (contra las reformas que protegen la vida desde la concepción en Baja California y San Luis Potosí) frente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se lanzaron varias acciones desde el Ejecutivo Federal que intentaron menoscabar la independencia del Poder Judicial e imponer una visión religiosa al Estado. Calderón envió una iniciativa al al Senado para retirar la declaración interpretativa que México había hecho a la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José) en lo referido a la protección de la vida, en general, a partir del momento de la concepción, no fue en absoluto una acción inocente. La intención era clara, como claro fue también el mensaje de Margarita Zavala, difundido por la Presidencia de la República, en esta misma coyuntura sobre el tema del aborto: "Mi convicción es que la vida debe protegerse desde la concepción. Esto no implica que uno no pueda colocarse en el terreno de atenuantes, excusas absolutorias o excluyentes de responsabilidad".

Las filias y las fobias de Felipe Calderón en este tema lo han llevado a atropellar los derechos humanos de las mexicanas y obviar los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos que han expresado reiteradamente su preocupación por la situación de los derechos reproductivos de las mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes —donde lo referente a la interrupción del embarazo es un tema nodal. Si para los políticos en general estos derechos son moneda de cambio corriente, toca ahora a la ciudadanía ponerle un costo político a las afrentas.