Judicialización electoral


Por César Damián Retes

25/04/2012



Derivado de la reforma electoral de 2007 los partidos políticos han encontrado un nuevo juego legal: la “judicialización” del proceso electoral. Por ello, el tema más importante en la mesa de discusión son las reglas del juego y sus interpretaciones, en lugar de analizar las propuestas y cualidades de los candidatos a ocupar la silla presidencial.

Desde que inició el proceso electoral en octubre de 2011 hasta hoy, se han presentado 486 inconformidades; de los cuales 209 quejas se interpusieron en oficinas centrales y 277 en los estados. Lo anterior representa en promedio dos quejas por día. Así, la “judicialización” electoral se ha convertido en una nueva estrategia, avalada por una ambigua ley electoral, que los partidos políticos utilizan para frenar el avance de sus contrincantes y promover su imagen. 

Cabe reflexionar que la excesiva promoción de recursos jurídicos merma la ingeniería democrática que el legislador diseñó, al mismo tiempo que desgasta al Instituto encargado de llevar a buen término esta contienda. Asimismo, pone en entre dicho la credibilidad del arbitro electoral que sólo aplica las disposiciones derivadas de la última reforma electoral y que son puestas a prueba en su primera elección Presidencial. 

Además, cada vez que el Consejo General del IFE resuelve una queja se incrementa el espíritu de judicialización del proceso electoral, ya que representa la creación de una nueva regla a partir de su interpretación. En sentido estricto, resulta positivo que se nutra la normatividad electoral de manera casuística a través de los criterios que genera el árbitro electoral.

Desafortunadamente, la actividad litigiosa de los partidos políticos no responde a dudas jurídicas legítimas sino que representa una desviación de la democracia mexicana para que ellos ejerzan sus estrategias político-electorales. De esta forma, se reduce en forma proporcional el nivel del debate y las libertades políticas, ya que no se busca legalidad, equidad y libertad en el proceso. En consecuencia, los partidos políticos deben actuar en el terreno de la política, del debate y la confrontación de ideas; para acudir, sólo en caso necesario, a la instancia judicial. 

Lo anterior no implica una limitación al ejercicio de derechos, sólo significa una rigurosa llamada para el uso responsable de los derechos que señala la ley electoral.

A partir de ahora, los partidos políticos deben contar con abogados expertos en derecho electoral para detener los ataques judiciales, sostener el triunfo de la elección en los tribunales y evitar que se revierta el resultado de la jornada electoral. Bajo esta lógica, los resultados de la jornada electoral del 1 de julio de 2012 se decidirán en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación meses después de que los ciudadanos voten.

@damianretes es estudiante de Derecho en el ITAM. Ha trabajado en el Senado de la República y ahora en el IFE. Columnista del semanario político hidalguense “Visto Bueno”, con publicaciones en diversas revistas y periódicos estatales.